Ciudad erizada de antenas

En varias comunicaciones anteriores, hemos mencionado la falta de iniciativa y aún la negligencia de muchas autoridades argentinas ante los posibles riesgos para la salud pública provocados por la contaminación electromagnética. Queremos contarles que en otros países se plantean problemas semejantes y que el movimiento de opinión sobre este tema es internacional. En esta entrega ustedes reciben un trabajo de la Arq. Liliana Alvarez, en el cual se analizan dos estudios de caso de conflictos que están ocurriendo en ciudades europeas. El primero se refiere a un movimiento ciudadano en Zurich para detener la instalación de antenas hasta tanto se demuestre si son realmente inocuas. El segundo es un fallo judicial en Murcia, que ordena la demolición de una antena por poner en riesgo la salud de los vecinos. En ambos casos, y en el de una recomendación emitida por la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Dra. Alicia Oliveira, se plantea el principio precautorio. Es decir, que hasta tanto no estemos seguros de que esto es inocuo, no avanzar con las antenas. Previsiblemente, las empresas involucradas tienen la opinión contraria. La discusión de fondo es: ¿corresponde que sea la víctima quien demuestre científicamente que está siendo dañada? ¿O corresponde que quien hace un emprendimiento comercial sea capaz de demostrar que su negocio no afecta la salud de los demás? Historias recientes en antenas de telefonía móvil Por Arq. Liliana Alvarez Asesora de la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires. Iniciativa popular en Zurich (Suiza) El 12 de marzo de este año se presenta en Zurich una iniciativa popular para conseguir una moratoria en la construcción de las antenas de telefonía móvil mientras no se demuestre su inocuidad en el hombre y el entorno. El presidente del comité, el abogado Stefan Dayes, estimó que los operadores de comunicaciones y el gobierno deberían mostrar todo su interés en impulsar la investigación científica, expone con buen criterio que la obligación de presentar pruebas debería recurrir, a su juicio, al que causa la contaminación y no al que la sufre. Los ciudadanos están convencidos de que las emisiones podrían provocar daños a su salud, especialmente a los niños, mujeres embarazadas y ancianos. Las interferencias en los sistemas nervioso y neurovegetativos han sido ya demostradas en numerosos estudios comentó el Arq. Anton Styger especializado en medición de Campos Electromagnéticos. Los autores de la iniciativa tienen de plazo hasta el 12 de septiembre de 2003 para reunir las 100.000 firmas necesarias para organizar un eventual referéndum. Una sentencia judicial en Murcia (España) El sábado 20 de abril de 2002, en el diario La Verdad de Murcia, España, se publica el reconocimiento por vez primera de una jueza, sobre los posibles daños a la salud de las antenas de teléfonos móviles. Se aclara que si la sentencia se hace firme, la empresa que instalo la terminal en la partida de Bacarot deberá demolerla. Los vecinos verán ahora que dejen de operar otras dos antenas que se encuentran a pocos metros. La magistrada del Juzgado de Instrucción N°6 de Alicante ha fallado una sentencia sin precedentes en toda España, por primera vez un tribunal civil da razón a los vecinos, en el caso de Los Picapiedra, de Bacarot y aprueba la demanda interpuesta lo que supone la suspensión de la obra de una antena de telefonía móvil propiedad de la empresa Xfera Móviles S.A., instalada a escasos 5 metros de la casas de los residentes en la zona y no contaba con la licencia municipal necesaria La jueza incluye en la sentencia que aun puede ser recurrida por la parte demandada, el asunto de los posibles perjuicios para la salud, algo en lo que el letrado demandante no quiso incidir el día de la vista debido a que aun no hay pruebas para decir a ciencia cierta que son perjudiciales. La magistrada encargada de instruir el caso si que lo ha hecho constar, dando un paso mas y especificando que "es la empresa demandada la que debe probar que la situación en el domicilio de los demandantes no supone peligro". la sentencia reza, en su fundamento de derecho de tercero que , "al no haber podido acreditar, es por lo que se debe entender que la presunción de abuso de derecho que supone esa intromisión no ha sido destruida" El abogado José Luis Bordera, explicaba "hay muchos contenciosos administrativos interpuestos, pero por la vía judicial se admite por vez primera una situación insostenible para las personas que viven a pocos metros de estas instalaciones" La sentencia se dictó el jueves, sólo una semana después del juicio en el que un ingeniero de la empresa Ericsson encargado de supervisar esta obra, declaró que no tenían licencia concedida por el consistorio alicantino y que "si hubiera que esperar los permisos no existiría la telefonía móvil en la ciudad". Ahora los demandados tienen cinco días hábiles para interponer un recurso, aunque para el letrado de los vecinos "la jueza ha dado un paso adelante con el tema de la inocuidad a la salud". Si los recursos no prosperan y la sentencia se hace firme de forma definitiva, la empresa deberá demoler la antena situada, junto a ella se encuentran dos terminales mas que llevan ya tres años emitiendo ondas electromagnéticas. Los vecinos se han ofrecido como conejillos de indias en el Hospital Ramón y Cajal, para que investiguen si producen efectos negativos en nuestra salud. En el fallo se cita un precedente a propósito de un transformador de media tensión generador de campos electromagnéticos (Murcia), donde se acreditó la existencia de ingerencia en la propiedad privada que constituye domicilio y donde se desarrollan ámbitos de intimidad personal y familiar, al igual que en Los Picapiedra, y donde el autor de la ingerencia tampoco probó que no pudiera producir ningún efecto negativo sobre las personas expuestas a las radiaciones. Para el abogado el paso que ha dado la magistrada del Juzgado de Instrucción N°6 es importante porque "se trata de una sentencia valiente que ha dado la razón a los vecinos sin tener en cuenta el potencial económico de esas empresas" Los vecinos informaron desde hace tres años sobre la instalación de estas estaciones al Ayuntamiento de Alicante y no hicieron nada al respecto. "Tienen más de sesenta antenas con orden de demolición y no han ejecutado ninguna, por lo que criticamos su política administrativa". Bordera explica que «están intentando legalizar lo ilegalizable y vamos a pelear porque no se pueda hacer, ya que respaldan a los intereses económicos de las empresas y al lucro de los propietarios del terreno, sin tener en cuenta los efectos para los vecinos". Las otras antenas El letrado también especificó que ahora van a empezar a trabajar para conseguir que dejen de operar las otras dos antenas de la zona, que según los vecinos pertenecen a las compañías Amena y Airtel. De hecho, se comenzará a realizar un estudio, de forma inminente, que pedirá la demolición de estas dos terminales. «Aprovecharemos los primeros momentos de esta demanda y aunque aún no sea firme nos avalaremos en ella y en la de la Audiencia Provincial de Murcia de 13 de febrero de 2001 para acabar con sus emisiones». La parte demandante volverá a actuar por la vía civil, como en el caso del juicio que acaban de ganar a la empresa instaladora. En el caso de la terminal de Xfera se ha actuado contra la compañía instaladora, pero en el de las otras dos es posible que «tengamos que entrar contra el Ayuntamiento de Alicante, impugnar, si hace falta, la ordenanza y llevarla hasta el Tribunal de Estrasburgo si es necesario». El abogado de la parte demandante asegura que las empresas se apoyan en el Real Decreto de septiembre del año pasado en el que se regulan las emisiones de antenas de telefonía, «pero al no tener licencia, pueden emitir por encima de la potencia permitida, además no se ha medido aquí, un sitio en el que hay que sumar las irradiaciones de tres antenas y eso también viene a colación en otros sitios de Alicante, ya que no hay que sumar las emisiones, sino multiplicarlas». Además, según Bordera, la distancia de las terminales con los grupos de convivencia «debe ser de entre 300 y 600 metros, algo que aquí no se cumple en absoluto». En Buenos Aires (Argentina) ¿Cuantas antenas de la ciudad de Buenos Aires tienen su permiso? ¿De cuántas sabemos si están emitiendo dentro de rangos seguros para nuestra salud? ¿Quién las controla si ni siquiera saben que están allí? Uds. se lo preguntaron, nosotros también y averiguando les podemos decir que muchas no tenían permiso; sólo las empresas y algunos vecinos atentos sabían de su existencia. La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia Oliveira, recomendó la reglamentación de la instalación de Antenas Transmisoras de Datos, en forma urgente y que la misma se realice teniendo en cuenta, la necesidad de actuar con precaución en cuanto al probable riesgo a la salud que representan, conjuntamente a los aspectos netamente ambientales y los estructurales. También recomendó se decrete una moratoria, por la cual no se instalarán mas antenas en el ejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto no se reglamente su instalación. Siguen sin tomarse las medidas adecuadas y correctas que generen un control y por lo tanto un verdadero cuidado por la salud de los vecinos de la ciudad. Nota: *Aspectos de la sentencia: perseverancia* *Terminación de la obra: la sentencia especifica que la obra no debe estar terminada al tiempo de entablar la acción, pues de estarlo, la harían improsperable.* Daños para los actores: Debe tratarse de un daño presente o futuro, debe tener incidencia económica, excluyéndose el daño moral, pero este perjuicio patrimonial se debe entender en un sentido amplio, incluyendo aspectos como que las construcciones insalubres o incomodas pueden perjudicar a la salud humana o animal. (extraído del diario La Verdad de Murcia - PILAR M. MACIÁ ALICANTE)

En varias comunicaciones anteriores, hemos mencionado la falta de iniciativa y aún la negligencia de muchas autoridades argentinas ante los posibles riesgos para la salud pública provocados por la contaminación electromagnética.

Queremos contarles que en otros países se plantean problemas semejantes y que el movimiento de opinión sobre este tema es internacional. En esta entrega ustedes reciben un trabajo de la Arq. Liliana Alvarez, en el cual se analizan dos estudios de caso de conflictos que están ocurriendo en ciudades europeas.

El primero se refiere a un movimiento ciudadano en Zurich para detener la instalación de antenas hasta tanto se demuestre si son realmente inocuas. El segundo es un fallo judicial en Murcia, que ordena la demolición de una antena por poner en riesgo la salud de los vecinos.

En ambos casos, y en el de una recomendación emitida por la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Dra. Alicia Oliveira, se plantea el principio precautorio. Es decir, que hasta tanto no estemos seguros de que esto es inocuo, no avanzar con las antenas. Previsiblemente, las empresas involucradas tienen la opinión contraria. La discusión de fondo es: ¿corresponde que sea la víctima quien demuestre científicamente que está siendo dañada? ¿O corresponde que quien hace un emprendimiento comercial sea capaz de demostrar que su negocio no afecta la salud de los demás?

El 12 de marzo de este año se presenta en Zurich una iniciativa popular para conseguir una moratoria en la construcción de las antenas de telefonía móvil mientras no se demuestre su inocuidad en el hombre y el entorno.

El presidente del comité, el abogado Stefan Dayes, estimó que los operadores de comunicaciones y el gobierno deberían mostrar todo su interés en impulsar la investigación científica, expone con buen criterio que la obligación de presentar pruebas debería recurrir, a su juicio, al que causa la contaminación y no al que la sufre.

Los ciudadanos están convencidos de que las emisiones podrían provocar daños a su salud, especialmente a los niños, mujeres embarazadas y ancianos. Las interferencias en los sistemas nervioso y neurovegetativos han sido ya demostradas en numerosos estudios comentó el Arq. Anton Styger especializado en medición de Campos Electromagnéticos.

Los autores de la iniciativa tienen de plazo hasta el 12 de septiembre de 2003 para reunir las 100.000 firmas necesarias para organizar un eventual referéndum.

El sábado 20 de abril de 2002, en el diario La Verdad de Murcia, España, se publica el reconocimiento por vez primera de una jueza, sobre los posibles daños a la salud de las antenas de teléfonos móviles.

Se aclara que si la sentencia se hace firme, la empresa que instalo la terminal en la partida de Bacarot deberá demolerla. Los vecinos verán ahora que dejen de operar otras dos antenas que se encuentran a pocos metros.

La magistrada del Juzgado de Instrucción N°6 de Alicante ha fallado una sentencia sin precedentes en toda España, por primera vez un tribunal civil da razón a los vecinos, en el caso de Los Picapiedra, de Bacarot y aprueba la demanda interpuesta lo que supone la suspensión de la obra de una antena de telefonía móvil propiedad de la empresa Xfera Móviles S.A., instalada a escasos 5 metros de la casas de los residentes en la zona y no contaba con la licencia municipal necesaria

La jueza incluye en la sentencia que aun puede ser recurrida por la parte demandada, el asunto de los posibles perjuicios para la salud, algo en lo que el letrado demandante no quiso incidir el día de la vista debido a que aun no hay pruebas para decir a ciencia cierta que son perjudiciales.

La magistrada encargada de instruir el caso si que lo ha hecho constar, dando un paso mas y especificando que "es la empresa demandada la que debe probar que la situación en el domicilio de los demandantes no supone peligro". la sentencia reza, en su fundamento de derecho de tercero que , "al no haber podido acreditar, es por lo que se debe entender que la presunción de abuso de derecho que supone esa intromisión no ha sido destruida"

El abogado José Luis Bordera, explicaba "hay muchos contenciosos administrativos interpuestos, pero por la vía judicial se admite por vez primera una situación insostenible para las personas que viven a pocos metros de estas instalaciones"

La sentencia se dictó el jueves, sólo una semana después del juicio en el que un ingeniero de la empresa Ericsson encargado de supervisar esta obra, declaró que no tenían licencia concedida por el consistorio alicantino y que "si hubiera que esperar los permisos no existiría la telefonía móvil en la ciudad".

Ahora los demandados tienen cinco días hábiles para interponer un recurso, aunque para el letrado de los vecinos "la jueza ha dado un paso adelante con el tema de la inocuidad a la salud".

Si los recursos no prosperan y la sentencia se hace firme de forma definitiva, la empresa deberá demoler la antena situada, junto a ella se encuentran dos terminales mas que llevan ya tres años emitiendo ondas electromagnéticas.

Los vecinos se han ofrecido como conejillos de indias en el Hospital Ramón y Cajal, para que investiguen si producen efectos negativos en nuestra salud.

En el fallo se cita un precedente a propósito de un transformador de media tensión generador de campos electromagnéticos (Murcia), donde se acreditó la existencia de ingerencia en la propiedad privada que constituye domicilio y donde se desarrollan ámbitos de intimidad personal y familiar, al igual que en Los Picapiedra, y donde el autor de la ingerencia tampoco probó que no pudiera producir ningún efecto negativo sobre las personas expuestas a las radiaciones.

Para el abogado el paso que ha dado la magistrada del Juzgado de Instrucción N°6 es importante porque "se trata de una sentencia valiente que ha dado la razón a los vecinos sin tener en cuenta el potencial económico de esas empresas"

Los vecinos informaron desde hace tres años sobre la instalación de estas estaciones al Ayuntamiento de Alicante y no hicieron nada al respecto. "Tienen más de sesenta antenas con orden de demolición y no han ejecutado ninguna, por lo que criticamos su política administrativa". Bordera explica que «están intentando legalizar lo ilegalizable y vamos a pelear porque no se pueda hacer, ya que respaldan a los intereses económicos de las empresas y al lucro de los propietarios del terreno, sin tener en cuenta los efectos para los vecinos".

El letrado también especificó que ahora van a empezar a trabajar para conseguir que dejen de operar las otras dos antenas de la zona, que según los vecinos pertenecen a las compañías Amena y Airtel. De hecho, se comenzará a realizar un estudio, de forma inminente, que pedirá la demolición de estas dos terminales. «Aprovecharemos los primeros momentos de esta demanda y aunque aún no sea firme nos avalaremos en ella y en la de la Audiencia Provincial de Murcia de 13 de febrero de 2001 para acabar con sus emisiones». La parte demandante volverá a actuar por la vía civil, como en el caso del juicio que acaban de ganar a la empresa instaladora.

En el caso de la terminal de Xfera se ha actuado contra la compañía instaladora, pero en el de las otras dos es posible que «tengamos que entrar contra el Ayuntamiento de Alicante, impugnar, si hace falta, la ordenanza y llevarla hasta el Tribunal de Estrasburgo si es necesario».

El abogado de la parte demandante asegura que las empresas se apoyan en el Real Decreto de septiembre del año pasado en el que se regulan las emisiones de antenas de telefonía, «pero al no tener licencia, pueden emitir por encima de la potencia permitida, además no se ha medido aquí, un sitio en el que hay que sumar las irradiaciones de tres antenas y eso también viene a colación en otros sitios de Alicante, ya que no hay que sumar las emisiones, sino multiplicarlas». Además, según Bordera, la distancia de las terminales con los grupos de convivencia «debe ser de entre 300 y 600 metros, algo que aquí no se cumple en absoluto».

¿Cuantas antenas de la ciudad de Buenos Aires tienen su permiso? ¿De cuántas sabemos si están emitiendo dentro de rangos seguros para nuestra salud? ¿Quién las controla si ni siquiera saben que están allí?

Uds. se lo preguntaron, nosotros también y averiguando les podemos decir que muchas no tenían permiso; sólo las empresas y algunos vecinos atentos sabían de su existencia.

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia Oliveira, recomendó la reglamentación de la instalación de Antenas Transmisoras de Datos, en forma urgente y que la misma se realice teniendo en cuenta, la necesidad de actuar con precaución en cuanto al probable riesgo a la salud que representan, conjuntamente a los aspectos netamente ambientales y los estructurales. También recomendó se decrete una moratoria, por la cual no se instalarán mas antenas en el ejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto no se reglamente su instalación.

Siguen sin tomarse las medidas adecuadas y correctas que generen un control y por lo tanto un verdadero cuidado por la salud de los vecinos de la ciudad.

Terminación de la obra: la sentencia especifica que la obra no debe estar terminada al tiempo de entablar la acción, pues de estarlo, la harían improsperable.

Daños para los actores: Debe tratarse de un daño presente o futuro, debe tener incidencia económica, excluyéndose el daño moral, pero este perjuicio patrimonial se debe entender en un sentido amplio, incluyendo aspectos como que las construcciones insalubres o incomodas pueden perjudicar a la salud humana o animal.